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LA MURGA DE LOS CONDENADOS

Las agresiones a la murga del barrio Illia de parte de Gendarmería y el aval a la Policía Federal para que pueda pedir documentos arbitrariamente son algunos de los síntomas que comienzan entreverse de las políticas delineadas por el nuevo Gobierno. A cien días de la asunción de Cambiemos, la estigmatización en las villas empieza a notarse cada vez más.

Viernes, 05 Agosto 2016 | Por  Juan Manuel Mannarino | Fotos: Ariel Bacca

Cada mañana que David Vera sale de su casa a trabajar, en los primeros meses del 2016, siente la sombra de un uniforme verde. Desde hace unos días los camiones de Gendarmería cercan el barrio Illia 2, en el Bajo Flores, como si fuera una ciudad en la frontera. En sus 23 años dice que vio operativos de seguridad y patrullajes, pero nunca tantos puestos de control como en el último tiempo. Cuando regresa, por la tarde, las sirenas siguen encendidas y él apura el paso: veinte gendarmes vigilan las esquinas, algunos con una itaca en la mano.
-Después de los noventa los villeritos éramos la mierda de la sociedad, pero eso se había aflojado porque había más control sobre la cana. Ahora volvió la portación de rostro –dice David, amargado, mientras mira los bloques de cemento de tres pisos, las casitas sin revocar con ladrillos a la vista y los perros que olfatean los locales de comida al paso.
Es morocho, robusto, trabaja como empleado judicial y tiene dos hijos. Entre los monoblocks del barrio Illia 1 y 2 –que están frente a la villa 1.11.14-, la Gendarmería armó en las últimas semanas un perímetro que parece de hierro.
Luego de la represión a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, a fines de enero, David, como cualquier otro vecino, empezó a ser requisado a diario. Los cachean contra la pared, les revisan las mochilas y, en algunas oportunidades, los maltratan verbalmente. Dice que llegaron a pedirle el documento cinco veces en un solo día y cuando al quinto pedido protestó, le respondieron con insultos. Debió poner la cabeza en frío porque los escudos de los gendarmes se le acercaban.
-Nos provocan para que reaccionemos y así armar causas judiciales. Quieren el dominio de las calles.
David es el único de un grupo que se conoce desde el jardín, que terminó la secundaria y que trabaja como empleado público. Sus amigos dicen que sienten bronca porque les ponen trabas para circular libremente. Trabajan en negro en talleres textiles de ocho de la mañana a nueve de la noche. Estampan remeras para patrones chinos.
-Ahora es peligroso tomarse una birra en la esquina porque te pueden detener por sospechoso -dice Brian Benítez, uno de los del grupo.
De niños, en el barrio jugaban al indio (un juego parecido a una mancha colectiva) en los playones de los edificios. Ahora se juntan a escuchar cumbia, los viernes juegan al fútbol en un predio de Villa Celina y hace unos años compraron máquinas para montar un local propio de estampado.
-Es un proyecto inconcluso para independizarnos de los chinos, pero está difícil conseguir apoyo del Estado –agrega Brian.
-Nos quieren sacar de encima, prefieren que estemos en la cárcel o crear un clima de bardo para que nos caigamos y volvamos a la droga -dice Fernando Cardozo, que también trabaja de estampador.
De fondo, en un teléfono celular, suenan las canciones de El Pepo. Dicen que, en el último tiempo, los precios subieron en la zona y que “se nota mucho en el bolsillo” –según David- , por eso en el barrio las familias volvieron a comprar productos sueltos, como el aceite y los artículos de limpieza. Juran que, a pesar de la situación que viven con los gendarmes, no van a dejar de juntarse en la calle.
-Nos gustan las zapas con resorte y cámaras de aire. Usar chombas piolas y bermudas largas. Y ahora las viseras van a brillar más que nunca –dice David con una sonrisa.

 

***

 

La noche del 29 de enero, entre las calles Charrúa y Varela de la villa 1.11.14, la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo tocaba como cualquier día de semana. Eran noventa murgueros junto a familiares, amigos y vecinos que presenciaban el ensayo. De pronto, cerca de las nueve, apareció un patrullero de Gendarmería con un camión-grúa, de los que suelen usarse para trasladar autos robados o abandonados. En el barrio todos pensaron que se había equivocado de calle.
-Por favor, retrocedan. Hay chicos bailando- les dijo el director de la murga, S. G. (N de R: por pedido del fiscal sólo aparecen las iniciales).
Pero el chofer del camión no hizo caso, continuó acelerando y atropelló a dos mujeres.
-¿Qué son, todos guapos? –gritó un gendarme.
A su lado, un patrullero de la Policía Federal despejó el paso. Nadie entendía qué pasaba. Los uniformados empezaron a tirar hacia todos lados.
A S.G. lo empujaron al piso. Su hijo, de 14 años, recibió una bala de plomo en la pierna. Se había arrojado para cubrirlo de los tiros. Mientras reinaba la confusión, los vecinos suplicaban el alto al fuego. Pero llegaron como refuerzos cinco patrulleros. Parecía un operativo a gran escala. Mujeres y niños huyeron despavoridos.
Cuando terminó la balacera, que duró veinte minutos, S.G. salió a buscar a su hijo con el cuerpo lleno de perdigones. Luego lo llevó al Hospital Piñeiro, donde ambos fueron atendidos. El adolescente lloraba de dolor. Agentes de Gendarmería y Policía Metropolitana fueron a preguntar sobre los heridos. “Gendarmería sólo nos disparó a nosotros, a la gente, a los chicos. Quiero que quede claro que nosotros no hicimos nada”, declaró S.G. días después ante el fiscal Miguel Palazzani, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que investiga los hechos. En la denuncia también interviene la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO), que funciona en Bajo Flores.
Los testimonios de la represión fueron numerosos. Otra testigo, A.L.M. (también se pidió la reserva de su identidad para no afectar a la causa judicial), declaró que había ido con sus cuatro nietos a ver el ensayo. El más grande, de ocho años, recibió tres balas de goma: una arriba de la ceja y otras dos en las piernas. M.R, profesora de baile de la murga, dijo que en el ensayo había cerca de veinte nenes de entre 4 y 9 años. G.D.F., percusionista, también fue herido de dos balas de goma en el pie.
-Había chiquitos, gente mayor y no les importó. Nos gritaban negros de mierda. Empecé a correr, lo agarré a mi hijo y atiné a tirarme contra las paredes, se escuchaban las detonaciones y entonces sentí que me lastimaron –dijo otra mujer que resultó agredida.
Algunos vecinos se enteraron después que había gendarmes heridos. Pero nadie supo por qué. Sólo vieron la violencia inusitada de la fuerza de seguridad. “No vi armas de fuego ni vi a nadie tirando piedras. Acá no hay armas, hay juegos, música y alegría. Es otra cosa, es como la pequeña luz que le hace falta al barrio”, dijo la testigo G.M.
La PROCUVIN realizó una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Se investiga a Gendarmería por el posible delito de tentativa de homicidio doloso calificado por el abuso de funciones. El fiscal Palazzani pidió, además, investigar la cadena de mandos en el marco del Plan Unidad Cinturón Sur, un procedimiento conjunto de Prefectura y Gendarmería que desde 2011 persigue “delitos complejos” en la zona. En el operativo, según una denuncia anterior de PROCUVIN, se realizaron detenciones ilegales de adolescentes como una acción sistemática y no aislada. En muchos casos el fiscal Palazzani se refirió a humillaciones, golpes y hasta torturas físicas. Probó, de ese modo, cómo se había sistematizado una persecución contra los jóvenes en los barrios pobres del Conurbano. Algo que la represión a la murga puso en evidencia. Pero que nunca había dejado de existir.

 

***

 

Es jueves a la mañana, vísperas de carnaval en los monoblocks del barrio Illia. El asfalto es una brasa caliente y los chicos juegan a la pelota en una calle de tierra. Algunos están descalzos y dan saltos cuando sienten el ardor en los pies. Entre el cemento y los terrenos baldíos, viven inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos, que trabajan en la construcción y suelen vender comida en los puestos de la calle. Se practica la religión en pequeñas capillas, católicas y evangélicas, como también en santuarios de San Expedito y altares del Gauchito Gil.
Cerca del Centro de Salud Nº 20, en las veredas, se forman charcos de agua. En el aire se respira olor a fritura y basura quemada. En cada cuadra funciona un pequeño local en el que se lavan autos. Desde las casas se escucha reggaeton a todo volumen y el barrio parece moverse al ritmo de la cumbia.
Vivir en el Illia, dicen los amigos de David, es sufrir la marca de “barrio narco”, de “asentamiento”. El bombardeo mediático ha sido incesante y se propagaron comentarios que sentencian que es tierra liberada para los narcotraficantes peruanos; que la violencia es fruto de la droga y la mala vida de los jóvenes. Una vecina llegó a decir en un noticiero que Gendarmería no podía actuar porque “los derechos humanos protegían a los delincuentes”.
David dice que los narcos están “protegidos por políticos y policías”. Siente que los medios usan el problema del narcotráfico para estigmatizarlos y que, en cambio, nunca vio informes sobre cómo los jóvenes se organizaron, se empoderaron de derechos y combatieron la violencia policial.
-Aprendimos que si ibas a la comisaría te recibía el mismo cana que te había golpeado. Pero ahora levantaron el tráiler de la Interministerial. Ahí había gente del Ministerio de Seguridad, de Derechos Humanos, que nos tomaban los reclamos. Estamos desprotegidos.
Desde el tiroteo indiscriminado de Gendarmería contra Los Auténticos Reyes del Ritmo, que se evidenció con videos en Facebook, algunos vecinos dicen que cuando pasa un patrullero se esconden en los pasillos angostos que parecen laberintos entre una calle y otra. Otros comentan que se juntan en los centros sociales para no sentirse solos.
-Fue un episodio de violencia extrema, pero lo más duro es que la presencia policial se empezó a sentir como algo diario. Es agresivo. Y no es sólo en nuestra zona, sino en todos los barrios pobres de Buenos Aires -dice Vera, que además es integrante de la murga Los Girosos de Pompeya.
En el barrio se comenta que los gendarmes, sensibles por la exposición del caso en redes sociales, parecen tener sed de venganza.

 

***

 

En los medios de comunicación masivos solo se habló de la agresión a dos gendarmes y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los trató como héroes al visitarlos en el Hospital Churruca. Jaime Durán Barba, consultor de Mauricio Macri, negó la violencia policial: “En la 1.11.14 había dos carros robados que la policía quería rescatar. Son unos mentirosos patológicos”, dijo a la prensa. Pero luego de que circularan las fotos y los videos de los niños heridos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió tardíamente que pasaron “varias cuestiones”.
Para la PROCUVIN, que continúa la pesquisa, Gendarmería actuó violando todo tipo de garantías. “A la murga la agredieron sin razones. Y después, a varias cuadras, pasó lo de los gendarmes, aún no sabemos por qué causa ni motivo. Pero fueron dos hechos absolutamente distintos”, adelantó Palazzani a Mavirock.
“Si se demuestra la cadena de responsabilidades, el gobierno se verá obligado a repensar medidas represivas y de control social, como son la declaración de emergencia en Seguridad y el protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. Lo de la murga es un caso bisagra”, dijo Manuel Tufró, coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Otros, sin embargo, piensan que podría ser el primer antecedente grave de una escalada que, como escribió recientemente el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en su carta a Obama, reaparece “con la excusa de la lucha contra el narcotráfico para reprimir a los movimientos populares”.

 

***

 

-Filmame si querés, villero de mierda. Mamá Cristina no está más.
Transcurría el verano y un joven grababa cómo los policías habían bajado de un colectivo a un grupo de personas. El muchacho, que resistió ser increpado por un agente, se encontró luego con su amigo Leo Demonty, hermano de Ezequiel, joven asesinado por la Policía Federal en 2002. Y vieron las imágenes de la requisa en el celular, indignados.
Para Leo, que vive a unas cuadras de donde ensaya la murga, la escena se repite a diario en los trenes, en las esquinas, en los bares, en las canchas de fútbol. Los relatos abundan.
-No es que antes no existiera el maltrato, pero no sucedía con esta actitud violenta: quieren el pánico. A la murga se la quiso involucrar con la violencia del narcotráfico. La policía es la que está metida con los narcos, no los pibes. Desde que apareció Gendarmería hay más narcos. Y hay más pibes en las drogas porque se cayó la ayuda del Estado. La seguridad es para los ricos y nosotros estamos aguantando los tiroteos entre ellos. Ellos saben bien quiénes son los narcos, pero los dejan hacer.
Demonty, referente juvenil del barrio, dice que, después del decreto de emergencia en Seguridad –ejecutado por el presidente el 19 de enero-, los gendarmes empezaron con los cacheos a los motociclistas, a pedir documentos y a preguntar -como hacían los militares en la última dictadura–: “¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo en la calle?”.
-La emergencia es una medida para legitimar el abuso de las fuerzas de seguridad. Que nos quedemos prisioneros en el barrio y que encima no denunciemos nada. Acá muchos no tuvimos la oportunidad de estudiar y necesitamos laburar de lo que sea.
En la zona, la imagen de su hermano Ezequiel es mural, lucha y signo de memoria: el puente José Félix Uriburu, conocido como puente Alsina, pasó a tener su nombre.
A Manuel Tufró, del CELS, le preocupa la falta de escrúpulos del accionar policial. Hace un par de años, dice, “se aflojaron los controles a Gendarmería”, con el Plan Unidad Cinturón Sur. Y, desde enero, un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Capital avala que la Policía Federal pida el DNI a personas en la calle para “prevenir delitos”. Piensa que, paralelo a un mensaje de mano dura, el gobierno de Macri genera un mensaje de impunidad para los agentes policiales.
-Las fuerzas de seguridad tienen vía libre para accionar porque no hay límites claros en el objetivo de perseguir el delito. Se copia el modelo de Córdoba con el Código de Faltas. Hay un nivel de descontrol de las fuerzas.
Para Tufró hay un tema que lo pone en alerta.
-Cada vez hay más denuncias de policías que no se identifican y de patrulleros sin patentes. Actúan a la luz del día, a la vista de todos, no necesitan esconderse.

 

***

 

El verano se acerca al final y en el Bajo Flores sobrevuela una sensación de desamparo. Los organismos de derechos humanos, como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, denuncian que el escenario social se agudizó: varias familias sufrieron los despidos masivos; se desarmaron las políticas sociales; hubo un aumento de la canasta básica y una pérdida notable del poder adquisitivo.
-Al que no lo rajaron, le bajaron el sueldo -dice Leo Demonty-. Y los que trabajan en el Estado o dependen de algún plan social, están con incertidumbre.
La vida en el Bajo es precaria, llena de privaciones, y en cada hogar hay más personas que cuartos. En el barrio Illia 1 predominan las casas antiguas. En el 2 son viviendas sociales en bloques de cemento. Y en el 1.11.14 prevalecen las de chapa y cartón combinadas con ladrillos y maderas. Los vecinos colocan reflectores en los balcones porque el alumbrado público es débil. El correo no llega a los domicilios. Además, el tratamiento de la basura es deficiente: la gran mayoría en la zona vive de la gastronomía y hay residuos sin recolectar. El olor, en algunas esquinas, es nauseabundo.
-Se desmantelaron los programas de la Secretaría de Derechos Humanos, perdimos los resortes institucionales -dice Pablo Amarante, integrante de la Campaña-. Los pibes dicen que la amenaza de represión está latente, que la vigilancia se recrudece. Antes eran casos aislados, ahora cambió el andamiaje jurídico de la represión y se espera una escalada punitiva.
Según Amarante, todos los días hay denuncias de cacheos por la carta blanca que tienen los gendarmes.
-No es que antes no hubo estigmatización, ahora hay zona liberada y si no hay freno, vamos a tener más hechos como el de la murga.
Ileana Arduino, abogada e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dice que se retrocedió a “la vía libre pre-Walter Bulacio”, donde la policía “detenía sin ningún tipo de limitaciones”. La vigilancia “se focaliza” en jóvenes de entre 19 y 40 años, morochos y pobres, “y entonces a muchos no nos afecta y dejamos hacer”. Para la abogada, la retórica de la emergencia implica “militarización” y avance sobre los derechos civiles, y denuncia que el Estado “no puede montarse en un prejuicio social para generar una política a costas de las libertad de otros”.
La contracara del acecho policial, piensa un grupo de vecinos, es la resistencia colectiva. Pero, entre el estupor por una posible nueva represión y la compleja trama del narcotráfico, muchos no quieren salir de sus casas y viven en una parálisis que se agrava por la baja en la calidad de vida.
-La única alternativa para poner freno a la impunidad es la sociedad civil organizada –dice David Vera-. En los ensayos de la murga ahora viene más gente, es un espectáculo masivo.
En la calle, dice, hay conciencia social por los asesinatos de Ezequiel Demonty y otras víctimas de la violencia institucional. Y es optimista: se enteró que la Justicia sobreseyó a un joven de una causa que había sido armada por Prefectura. El joven vio cómo los prefectos golpeaban a otro pibe e intentó defenderlo. Lo quisieron involucrar en un delito, pero la sentencia comprobó su inocencia.
-Esos fallos se generan cuando hay presión social. El relato oficial de los pibes chorros y los villeros delincuentes, lo dimos vuelta defendiendo nuestros derechos con alegría y movilizándonos en la calle. Aunque vengan con balas, no vamos a callar.
En los trapos de la murga, en el corazón del Bajo Flores, flamea uno en alto: “Bajen las armas, aquí sólo hay pibes bailando”.

Edición Nº 36 (desde el 6/5 en los kioscos)

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